La resolución 7/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) trata sobre las medidas cautelares en favor de los pobladores de las zonas aledañas al Río Santiago en los municipios de Juanacatlán y El Salto, en el estado de Jalisco, México. Este documento se centra en abordar la preocupante contaminación del Río Santiago, que ha puesto en riesgo significativo la salud y el bienestar de los residentes locales debido a su alto nivel de toxicidad.

Contenido Principal de la Resolución:

1. Introducción y Contexto: La CIDH recibió una solicitud de medidas cautelares el 18 de julio de 2019, para proteger los derechos a la vida, la integridad personal y la salud de los habitantes cerca del Río Santiago. La solicitud fue presentada por varios pobladores y líderes comunitarios, quienes expresaron una grave preocupación por la contaminación del río y sus efectos sobre la comunidad.
2. Acciones Solicitadas: Los solicitantes pidieron a la CIDH que interviniera para garantizar medidas urgentes que protejan la salud y la seguridad de las comunidades afectadas, incluyendo una revisión y mejora de las normativas y políticas de descarga y contaminación.
3. Decisión de la CIDH: Después de analizar las presentaciones de hecho y de derecho, la CIDH decidió otorgar la medida cautelar, subrayando la necesidad de acciones inmediatas para mitigar el riesgo a los derechos humanos de los afectados. La resolución destacó la falta de cumplimiento efectivo de las normativas ambientales y la inacción prolongada ante la evidente crisis de contaminación.
4. Directivas Específicas: La CIDH ordenó al Estado Mexicano adoptar todas las medidas necesarias para proteger la salud y seguridad de los pobladores, incluyendo inspecciones más eficaces y frecuentes de las instalaciones industriales, la implementación de un plan de acción para la limpieza del río y la garantía de acceso a agua potable y segura para las comunidades afectadas.

Impacto y Relevancia:

Esta resolución es significativa porque resalta la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos humanos frente a riesgos ambientales graves y la necesidad de implementar políticas efectivas y medidas reguladoras que realmente protejan a la población y el medio ambiente. Además, establece un precedente importante para futuros casos de contaminación ambiental en la región.