La situación de degradación ambiental que se vive en los poblados de Juanacatlán y El Salto, Jalisco, es de gravedad. Las aguas que fluyen por el río Santiago se han convertido en un caldo tóxico que al caer por la cascada que divide estos pueblos generan gases nauseabundos que son respirados por los pobladores en sus casas, negocios y escuelas; en los parques y los palacios municipales. Esto, obviamente, tiene consecuencias para la salud. Abundan testimonios, tanto de médicos de las localidades como de las y los habitantes del incremento perturbador de cánceres, leucemia, abortos espontáneos y malformaciones congénitas en esta zona. Pareciera, al mismo tiempo, que esta crisis de salud pública no logra provocar acción alguna de parte de las autoridades en materia de agua, medio ambiente y salud.

El esfuerzo que se hace con este documento es, por una parte, recoger y resumir los datos existentes sobre la contaminación del río Santiago, su grado y sus fuentes. Presentamos, asimismo, los estudios realizados en cuestión de daños a la salud por esta contaminación y las acciones realizadas por las organizaciones civiles de las localidades. Se hace un resumen, entonces, de las evidencias de la violación a los derechos a un medio ambiente sano y a la salud. Cabe señalar, en este sentido, que los estudios en materia de afectación a la salud no abarcan todos los daños causados, y constituyen más una muestra inicial de lo que se está provocando, aprovechando los esfuerzos de algunos/as investigadores/as. Por otra parte, este informe presenta las obligaciones del Estado en materia de estos derechos, indicando las leyes y otros instrumentos jurídicos que los amparan. El informe se cierra con recomendaciones de acciones necesarias para atender y resolver la situación que se está viviendo en estos municipios.

Esperamos que este informe sea una herramienta útil para dar a conocer este caso a nivel nacional e internacional y para solicitar la intervención de las autoridades correspondientes. La intervención y acción inmediatas es urgente, y, como se evidencia, la salud, calidad de vida y, en última instancia, las vidas de las y los pobladores, está en riesgo.